Un paso peligroso hacia la vigilancia digital y sus implicaciones para el comercio exterior
La reciente propuesta de reforma al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, presentada por la senadora Rocío Nakamura, ha generado preocupación. Bajo la justificación de proteger la seguridad nacional, esta iniciativa permite al Estado intervenir en comunicaciones digitales, lo que representa un riesgo significativo para la privacidad
Vigilancia Digital y el Concepto de «Actividad Ilícita»
El problema central radica en la vaguedad del término «actividad ilícita». Esta ambigüedad permite que cualquier acto, desde ciberataques hasta descargas ilegales, sea considerado una amenaza a la seguridad. Esto abre la puerta a interpretaciones arbitrarias que podrían justificar la vigilancia estatal excesiva
Implicaciones para el Comercio Exterior y los Tratados Internacionales
Conflictos con el T-MEC y otros acuerdos
México es parte de tratados comerciales, como el T-MEC, que protegen la privacidad y promueven el flujo libre de datos. La introducción de vigilancia digital puede ser vista como una violación a estos principios, lo que podría erosionar la confianza de socios comerciales y desencadenar disputasImpacto en la competitividad y la inversión extranjera
Empresas tecnológicas y otros sectores que valoran la privacidad podrían reconsiderar sus inversiones en México. La percepción de vigilancia estatal masiva genera incertidumbre jurídica, alejando capitales y afectando la innovación tecnológica
Amenaza a la Privacidad y Derechos Fundamentales
Esta reforma permitiría al gobierno espiar el tráfico digital con autorización judicial, accediendo a mensajes y correos bajo criterios poco claros de «amenaza». Este nivel de intervención compromete el derecho a la privacidad, un principio respaldado por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Riesgo de Abuso y Censura
Sin una definición clara de «amenaza», las autoridades podrían usar esta herramienta para persecución o censura. En un contexto democrático, donde el acceso a la información es fundamental, esta propuesta representa un retroceso hacia la vigilancia estatal
Conclusión
Es necesario un debate abierto sobre los límites de la seguridad digital y los derechos individuales en México. La protección de la seguridad nacional no debe ser una excusa para violar libertades ni para poner en riesgo los compromisos internacionales que sostienen la economía mexicana. La regulación debe diseñarse con transparencia y mecanismos de control para evitar abusos
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